Entrevista en HIKA nº 112

El 19 de diciembre del pasado año 1999, el centro alternativo Mehringhof en Berlín era asaltado por un millar de agentes policiales entre Policía Política federal, Fiscalía y Fuerzas Antiterroristas GSG 9. El motivo aducido: detener a dos personas que trabajaban en él, Harald G. y Axel H. a quienes habría denunciado un supuesto ex-miembro de las Células Revolucionarias (RZ), Tarek M., detenido en noviembre de 1999. También fue detenida, en Frankfurt, Sabine B. E.

Los destrozos policiales causados en el centro, valorados en nueve millones de pesetas, motivaron la condena "por desmesurada" y por "la brutalidad del ataque" por todos los partidos representados en el ayuntamiento de Berlín-Kreuzberg (SPD, Verdes, PDS) con la única excepción de la CDU.

La policía se presentaba, nuevamente, el pasado 30 de mayo, para efectuar un segundo registro del Mehringhof. En esta ocasión la exibición policial no consistía en un despliegue masivo sino en hacer un alarde de medios sofisticados. Así, mediante un aparato de video, sincronizado con un ordenador y conectado a Internet, fueron transmitiendo las imagenes hasta la cárcel en la que se encontraba Tarek M., quien venía afirmando haber pasado explosivos a Harald y Axel, explosivos que, hasta el momento, no han aparecido por ningún lado. Así, pese a que Tarek iba guiando a la policía por el local, la búsqueda resultó nuevamente infructuosa. Tal vez no importó mucho a la policía este nuevo fracaso, una vez que pudieron dejar constancia de la sofisticación de sus medios, cosa que no hubieran conseguido si se hubieran limitado a traer al propio Tarek en persona. Parece como si la policía alemana, incapaz de atajar y desarticular los numerosos grupos de extrema derecha alemana, echara de menos los viejos tiempos en los que podía emplearse a fondo y con el aplauso de la opinión pública contra el peligro terrorista. Las RZ se autodisolvieron en 1991.

Entrevista a Martin Poell, abogado de Harald G.

Harry Stürmer y Peio Aierbe

¿Qué sentido puede tener perseguir a supuestos ex-militantes de organizaciones armadas que hace ya casi diez años que se autodisolvieron? Máxime cuando están acusados por acciones no sangrientas y está en el poder un gobierno socialdemócrata-verde.

MARTIN POELL: En primer lugar hay que señalar que las detenciones fueron efectuadas por la fiscalía general (BAW) que por una parte, depende de la política del gobierno, pero por otra está obligada por el principio de legalidad, es decir, que si tienen conocimiento de un delito están obligados de perseguirlo. Pero, en mi opinión, con estas detenciones, al igual que pasó en 1990, tras la caída del Muro, con las detenciones de antiguos miembros de la RAF que ya habían dejado la lucha armada, el Estado quiere demostrar, cara al futuro, que nunca va permitir tales actividades, que siempre -y con éxito- las va a combatir.

¿Cuál es la política global que sigue el gobierno socialdemócrata-verde hacia quienes militaron en las organizaciones armadas que se autodisolvieron? ¿Persecución implacable? ¿Flexibilidad-indultos? ¿O no hay ninguna política?

M.P.: Yo no veo ninguna línea especial, por lo menos no en el sentido de decir que ahora, tras el fin de la actividad armada, se trate a los presos y presas de una manera más liberal. Lo mismo sirve para aquellas personas que son todavía buscadas por la policía. No se ve una tal política en el horizonte de Alemania. Los Verdes, antes de entrar en el gobierno, formularon propuestas en esa dirección. Pero desde que están en el gobierno ya no piensan así.

Desde el punto de vista jurídico las acusaciones contra los detenidos Axel, Harald y Sabine ya estarían prescritas si no se utilizara al mismo tiempo la acusación de terrorismo, recogido en la legislación especial del artículo 129a...

M.P.: Todos los cargos de los que se les acusa tampoco están prescritos. Dos ya lo están, mientras otros dos, atentados con explosivos que se sitúan en 1991 y 1993 respectivamente, no lo están. Paradójicamente están prescritas justo las acusaciones con daños personales, las balas en las piernas de los jueces Korbmacher y Hollenberg, representantes de una política muy represiva contra l@s refugiad@s, acciones de 1986/87, mientras que los atentados con explosivos contra edificios o monumentos como el edificio especial para tratar los asuntos de l@s refugiad@s en 1987, la columna de la victoria (de los prusianos contra Napoleón) en 1991, o contra una instalación eléctrica de la policía fronteriza (BGS) en 1993 que la policía atribuye a los RZ, a pesar de su comunicado oficial de su autodisolución en 1992. Todo eso no está prescrito.

De todas formas, en relación a la legislación especial antiterrorista en Alemania, el articulo 129a. ¿Existen grupos o un movimiento a favor de la abolición de esa legislación especial? ¿Y cuál es la política del SPD al respecto?

M.P.: Siempre hay algunas iniciativas en ese sentido. Antes, como ya he dicho, también participaban en ellas los Verdes. Pero no se puede hablar de un movimiento. Actualmente solamente en el PDS hay un grupo de trabajo con algunos abogados conocidos para llevar una propuesta al Parlamento. Pero no existe un movimiento contra esa legislación. A veces se hace alguna manifestación, pero todo es muy puntual. En lo que hace a la posición del SPD, el artículo 129a apenas se utiliza hoy en día como motivo de condena en los tribunales, para lo que sirve este artículo es para dar las máximas facilidades en el proceso de investigación. Las implicaciones en esa materia están formuladas de una manera tan genérica que puede afectar a cualquier ciudadano. De esa forma es muy útil para proceder a detenciones, registros de viviendas, escuchas telefónicas, etc., aunque luego no lleguen a producirse los correspondientes juicios. Sirve a las instituciones judiciales y a los servicios secretos para obtener información. Por eso es impensable que el SPD o la CDU puedan impulsar o apoyar iniciativas que propongan la abolición de esa legislación especial.

Partiendo del dato, a todas luces desproporcionado, de la participación de más de 1.000 policías en el asalto del Mehringhof, para detener a dos supuestos ex-militantes de una organización armada como las RZ que se autodisolvió hace casi 10 años, ¿cabe interpretarlo en base a las claves tradicionales de la política represiva, esto es, tratar de criminalizar a los grupos que hoy desarrollan su acción desde presupuestos alternativos y de izquierda?

M.P.: Para hacernos una idea cabal hay que mirar un poco más lejos. Berlín es ahora la capital de Alemania y uno de los objetivos principales de la política oficial es conseguir a un Berlín limpio, lo que quiere decir con sus correspondientes acciones contra la izquierda, contra las casas okupadas, y también contra proyectos alternativos como el Mehringhof. En la política interior del land de Berlín, gobernado por una gran coalición CDU/SPD, se aprecia una línea muy dura, también contra las manifestaciones y todo lo que se mueve en Berlín. Y, naturalmente, el autogestionado centro del Mehringhof le ha molestado al gobierno a lo largo de sus 20 años de existencia, simplemente porque no es controlable lo que pasa allí. Pero la manera en que se produjo el asalto al Mehringhof poco tiene que ver con un intento de intimidar la movida alternativa. Para asaltar e intimidar el Mehringhof no se hubiera necesitado tanta pasma. Eso era simplemente un ejercicio operativo.

El actual trabajo de Harald en el FFM, grupo de investigación y ayuda en temas de refugiados y migración, del que es también fundador, evoca una de las líneas de actuación que desarrollaron en su día las RZ, la de golpear/denunciar a empresas y organismos responsables de políticas racistas y discriminatorias contra los refugiados. Fue aquella una linea novedosa y premonitoria de la importancia que acabarían teniendo estas cuestiones en la RFA y en la UE. ¿Se puede decir que, en este terreno, la actuación de las RZ sirvió para conseguir lo que pretendían (denunciar, impulsar la acción...)?

M.P.: Resulta difícil poder afirmar cual es el grado de influencia que hayan podido tener unas cosas sobre otras. Hoy en día los temas de racismo, emigración y refugiados son temas muy relevantes en los que trabaja la izquierda, tanto en Berlín como en toda Alemania. Pero es difícil saber, si es el resultado de la campaña de las RZ, que ayudaron a crear esa consciencia o, por el contrario, si hay que afirmar que la campaña vino demasiado pronto. Es cierto que si se leen hoy en día los textos correspondientes de las RZ hay que constatar que todo lo que se decía en este terreno sigue siendo plenamente vigente, a pesar de que fueron escritos hace 15 años. Pero es difícil poder ir más allá. Lo mismo pasa con el grupo de lucha armada femenino, la Rote Zora que hicieron en su día una campaña contra la tecnología genética, y más tarde se desarrolló como uno de los temas sobre los que trabaja la izquierda. Pero no se puede decir exactamente, si eso fue consecuencia o simplemente casualidad.

La ley sobre testigos protegidos dejó de estar en vigor en Alemania a partir del 1 de enero de 2000. ¿Las declaraciones del testigo de Berlín se pueden utilizar entonces en un futuro juicio?

M.P.: Sí, esa ley dejÓ de estar en vigor el 31 de diciembre del 99. Pero los abogados todavía no se han puesto de acuerdo acerca de si podrán o no ser utilizadas las declaraciones hechas con anterioridad. De todas formas ese artículo, por sí mismo, tampoco es tan importante porque siempre habrá testigos dispuestos a hacer determinadas declaraciones con el objetivo de conseguir así una reducción de sus condenas. El artículo concreto tenía mucha importancia en delitos de sangre que suponían condenas a cadena perpetua porque allí sí se podía condenar en base sólamente a la ley del testigo. Así que en nuestro caso concreto eso tampoco juega un papel tan importante. El escándalo es más bien que una persona pueda ir allí y ser recompensada por el Estado porque inculpa a otras personas. El orden de ingreso en prisión se basa en el peligro de huida. El testigo fue detenido a principios de noviembre. Axel y Harald sabían que se había alejado de la movida, de modo que, de haber temido algo, podían haberse escapado con anterioridad. Pero no lo hicieron lo que demuestra que el argumento del juez instructor no vale.

¿Que perspectiva tiene la campaña de solidaridad contra las detenciones? En Italia, cabría establecer un paralelismo con varios detenidos, que en su día pertenecieron a Lotta continua y que han sido condenados por las declaraciones de un arrepentido. Allí el movimiento de solidaridad desarrollado ha sido impresionante. ¿Qué perspectivas tiene el movimiento de Berlín?

M.P.: Hasta ahora no existe ningún movimiento amplio. Hay muchas personas que apoyan la reivindicación del excarcelamiento, pero no se puede hablar de un movimiento amplio. La campaña de solidaridad se basa todavía, de momento, en las relaciones establecidas por los detenidos a lo largo de sus 30 años de actividad política en la izquierda autónoma y no dogmática de Berlín. Pero, tal y como suele ser habitual en la movida de Berlín, ya desde el inicio hubo muchas discusiones sobre el cómo de la campaña: si basarla en la izquierda radical o abrir el abanico a sectores más liberales, etc. La tendencia actual va en esta dirección de incluir también a personalidades liberales para ampliar la campaña y así llegar más fácilmente a los medios de comunicación. Es sabido que la opinión pública reacciona de manera distinta si es gente famosa la que dice algo en vez de unos desconocidos de Berlín. Pero hay que constatar que, transcurrido más de medio año de las detenciones, estamos todavía en los comienzos del desarrollo de un tal movimiento.

Francia desarrolló en el pasado otra línea, digamos más nacional, en cuestiones relacionadas con organizaciones armadas de otros países europeos, llegando incluso a dar la cobertura de exiliados políticos. El ejemplo más claro es el de Italia. Sin embargo últimamente viene accediendo a las solicitudes de extradición, también en el caso de alemanes relacionados con las RZ. ¿Se puede hablar aquí de una globalización de la política europea de justicia?

M.P.: La extradición del ex-miembro de las RZ, Hans-Joachim Klein, que participó en la famosa acción contra la OPEP en Viena en 1975, no demuestra un cambio en la línea de actuación de Francia porque Klein estaba de acuerdo con su extradición. En cambio en el caso de los alemanes Christian G. y Sonja S. que fueron detenidos hace poco en París, en presencia de policías alemanes, la situación es bien diferente. Su detención se basa en declaraciones de un miembro de las RZ que sufrió un accidente en los años 70, cuando preparaba un atentado, a resultas del cual perdió su vista y ambas piernas y que fue interrogado en esa situación en el hospital por la policía alemana. En este caso la posición que Francia es todavía bastante delicada. Inicialmente fueron encarcelados en Francia, pero de momento el juez les ha dejado en libertad a la espera de la decisión sobre la petición de su extradición.

El espacio policial europeo está permitiendo una coordinación policial en la persecución que tiene lugar en varios países europeos contra los ex-militantes de organizaciones armada ya autodisueltas ¿El movimiento de solidaridad intenta, a su vez, contrarrestarlo con algun tipo de coordinación en el marco europeo?

M.P.: Como abogado me ocupo de los asuntos jurídicos. De momento no he tenido noticias de ninguna iniciativa en esa dirección. Lo que sí han llegado han sido declaraciones de solidaridad de otros países, que se puede leer en la pagina web del grupo de solidaridad http://www.freilassung.de. En su mayoría son grupos que han trabajado juntos con los detenidos en el mismo campo del antirracismo.

¿Quieres añadir algo más?

M.P.: Me gustaría recalcar una vez más el escándalo que supone la existencia del artículo 129ª, de la legislación antiterrorista. Una ley que permite condenar a personas que no han cometido ningún delito, o que al menos la fiscalía no tiene obligación de demostrarlo, ya que es suficiente la pertenencia a un grupo para poder ser acusado de las acciones atribuídas a ese grupo. Y el segundo motivo de escándalo lo constituye el artículo sobre el testigo protegido, es decir una persona, un delincuente que es remunerado por el Estado con la reducción de su pena, etc. por acusar a otras personas que a continuación son detenidas, aunque no pueda probárseles nada, como es nuestro caso, donde no han conseguido encontrar ni armas ni explosivos que son la base de la acusación. Y que, a pesar de ello, esa gente resulte luego condenada a varios años de cárcel.